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ALARMANTE PRESENTE DEL SERVICIO ELÉCTRICO

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Adeera, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, advirtió los serios problemas que el sector eléctrico enfrentaría debido a la decisión de la Jueza Federal de San Martín Dra. Martina Forns, la cual a través de un fallo judicial frenó el tarifazo eléctrico en todo el territorio nacional.

En efecto, la cámara empresaria sostiene que la magistrada no posee competencia para fallar sobre la materia. El argumento que esboza dicha cámara es que "el sector eléctrico nacional conforma un sistema federal en el que cada jurisdicción (Nacional, Provincial y/o Municipal) define de forma independiente la tarifa que debe aplicar la distribuidora de su ámbito de injerencia" y que, por ese motivo, "los cuadros tarifarios ya sancionados en las distintas provincias no deben verse afectados por disposiciones de la Justicia Federal, que resulta incompetente en la materia".

En relación a la necesidad de las audiencias públicas, Adeera puso en duda "la supuesta necesidad de realizar audiencias para el traslado a tarifas del precio mayorista de la energía". Este argumento establecido por la entidad es de dudosa legitimidad. Sabido es que uno de las razones más poderosas para que la justicia federal, con fallos de sendas cámaras, haya frenado el tarifazo, tanto de gas como de luz, fue la necesidad de que los aumentos se establezcan mediando audiencias públicas, como la ley lo establece. En este sentido, los aumentos establecidos por el Gobierno nacional han sido arbitrarios, estableciendo aumentos en algunos casos que iban del 1000 al 2000%.

En un comunicado de prensa Adeera precisó: "El Precio de la Energía es el valor representativo de los costos de generación y  transporte a los centros de consumo y es el valor que las distribuidoras pagan por la energía que adquieren de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) y que trasladan al usuario final. De acuerdo a la legislación vigente, este valor es definido por la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, se actualiza cada tres meses y se incluye en la factura sin necesidad de audiencias públicas que lo validen".

Poco después que se conociera la decisión de la jueza de San Martín, desde Edenor y Edesur manifestaron que la decisión afectaba la operatividad de las compañías y repercutía en la calidad del servicio. Agregaron, además, que la pérdida patrimonial para estas compañías ascendería a 7.000 millones de pesos anuales y las colocará en “situación de disolución y pérdida de su patrimonio”.

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